El Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, acaba de publicar el número 5/2018 de sus «Papeles de Trabajo» titulado: Atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales. Autoras: Rosa Martínez, Susana Roldán (U. Rey Juan Carlos) y Mercedes Sastre (U. Complutense).
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Principales conclusiones del estudio:
- Existe una proporción creciente de personas de edad avanzada que demandan servicios de cuidado.
- La atención a la dependencia ha recaído tradicionalmente en las familias, ante la escasez de servicios públicos de cuidados de larga duración.
- A pesar de la puesta en marcha en 2006 del Sistema de Atención a la Dependencia, su deficiente diseño e insuficiente financiación ha dificultado la configuración de una política capaz de resolver las necesidades de los dependientes.
- Existe una baja cobertura del sistema e insuficiente acción protectora.
- La insuficiencia de servicios públicos tiene impacto negativo sobre la igualdad de género.
- El cuidado informal, más barato y menos profesional, impone una carga a las familias, en particular a las mujeres.
- Sobre este escenario, se ha preparado una simulación de cobertura del sistema en España aplicando los niveles de protección del modelo de Suecia, uno de los más desarrollados y profesionales de Europa.
- Sugerencias y alternativas resultantes de la simulación según el modelo:
- La población a proteger debería aumentar hasta 1,6 millones de personas mayores, un 78% más de los que tienen el derecho de atención reconocido (los que ya reciben beneficios y los que tienen el derecho reconocido en espera).
- Se debería aumentar la intensidad protectora, superior entre las personas de edad más avanzada.
- Se deberían alcanzar las 420.000 plazas en residencia., y ofrecer nuevos modelos de alojamiento colectivo novedosos.
- Sería necesario reforzar de forma importante el servicio de ayuda domiciliaria.
- El coste total del sistema pasaría de 4.700 millones de euros a cerca de 12.000 millones, eliminando de este cómputo la parte que pagan los propios usuarios o que proviene de otras políticas que cubren insuficiencia de renta.
- Se podrían obtener recursos para el sistema eliminando determinados incentivos fiscales asociados a la edad, la discapacidad y la dependencia en el IRPF, pues son regresivos (unos 1.700 millones de euros).
- La aplicación del modelo tendría importantes efectos positivos sobre el empleo y la equidad de género. Permitiría a las mujeres mantener sus carreras laborales y tener recursos futuros, en caso de necesidad, para sufragar gastos de alojamiento en residencias y no imponer cargas de cuidado a otros familiares.
